En el contexto del COVID-19, las medidas de distanciamiento social están siendo exitosas en la contención de la pandemia, pero tienen un impacto significativo sobre buena parte de la actividad económica, tanto nacional como internacional.
El sector del turismo se ha visto directamente afectado por la crisis y el estado de alarma, debido a las restricciones de movilidad y actividades. Esto produjo una caída súbita de la producción y el empleo, con importantes pérdidas de rentas para hogares, autónomos y empresas.
Con el fin de seguir protegiendo y dando soporte al tejido productivo y social, de minimizar el impacto y de facilitar que la actividad económica se recupere en cuanto empiece a remitir esta situación de emergencia de salud pública, se aprueba un nuevo paquete de medidas que refuerza, complementa y amplía las anteriormente adoptadas y se centra en el apoyo a las empresas y a los trabajadores.
Así, se han establecido diversas medidas para: reducir los costes de pymes y autónomos, reforzar la financiación empresarial, facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo, medidas fiscales y medidas de protección de los ciudadanos. Destacamos:
- La ampliación de la cobertura de la prestación por desempleo a los trabajadores despedidos durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo.
- El ajuste de las bases imponibles de los impuestos a la situación económica, liberando 1.100 millones de euros de liquidez para las empresas, en particular pymes y autónomos.
- La reducción al 0% el IVA aplicable al suministro de material sanitario de productores nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, con un ahorro de más de 1.000 millones de euros.
- La Línea de Avales del ICO de 100.000 millones de euros permitirá cubrir pagarés de empresa y reforzar las sociedades de garantía recíproca de las Comunidades Autónomas.
- El incremento del ámbito de aplicación de los ERTEs por causa de fuerza mayor para cubrir caídas significativas de actividad en aquellos sectores considerados esenciales que también han visto reducidos sus ingresos.
- La prórroga de dos meses del carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada.
- El establecimiento de un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del pago de alquileres de locales de negocio.
- La reducción de los aranceles notariales para la novación de créditos no hipotecarios.
- La adaptación de medidas de flexibilidad para ajustar a la situación actual la regulación relativa a determinados sectores y actividades, incluyendo las relativas a puertos, investigación universitaria, centros tecnológicos, trabajadores agrarios y cooperativas.
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